El Colegio de Abogados de Lima rechaza la Ley N.° 32182 que penaliza la labor de jueces y fiscales

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) expresó su rechazo a la Ley N.° 32182, que modifica las leyes de la carrera fiscal y judicial, al considerar que la normativa pone en riesgo la autonomía de jueces y fiscales y no aborda de manera adecuada la problemática de la inseguridad ciudadana.

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) manifestó su firme oposición a la Ley N.° 32182, publicada hoy 11 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial El Peruano, que modifica la Ley de la Carrera Fiscal y la Ley de la Carrera Judicial. La nueva legislación establece como falta muy grave la omisión de deber funcional por parte de jueces y fiscales en casos relacionados con la inseguridad ciudadana.

Si bien el CAL reconoce la preocupación de la ciudadanía por la creciente inseguridad, la institución advierte que esta ley no cuenta con los estudios técnicos necesarios para garantizar un desempeño adecuado de los operadores de justicia. Además, se señala que la ley introduce contradicciones, ya que tipifica la omisión de deber tanto como una falta administrativa grave, como un delito penal que podría acarrear penas privativas de libertad de hasta 12 años.

Otra de las principales críticas del CAL es que esta ley traslada una excesiva carga de responsabilidad a jueces y fiscales, cuya labor depende, en gran medida, de las investigaciones y acusaciones presentadas por la Policía Nacional del Perú. De acuerdo con la entidad, esto pone en peligro la autonomía del Ministerio Público y el Poder Judicial, pilares fundamentales del Estado de derecho.

El CAL también cuestiona la dualidad de la ley, que faculta a los jueces para tomar decisiones pero, al mismo tiempo, les impone actuar bajo criterios rígidos y predeterminados en un contexto tan complejo como el de la inseguridad ciudadana, lo que podría afectar la coherencia y eficacia del sistema judicial.

Finalmente, el Colegio de Abogados exhortó al Congreso de la República y al Poder Ejecutivo a que cualquier reforma en materia de justicia sea realizada de manera inclusiva, técnica y respetuosa de los principios constitucionales, para asegurar un sistema de justicia sólido y eficiente para el país.