Fiscal Pérez solicita suspensión del cobro de peajes de Línea Amarilla

El fiscal José Domingo Pérez ha pedido al Poder Judicial suspender el cobro de peajes de la concesión Línea Amarilla, en medio de una investigación sobre presuntas irregularidades en su administración. Si se acepta la solicitud, se dejará de pagar en varias zonas de Lima.
 

El Primer Despacho del Equipo Especial del Ministerio Público, liderado por el fiscal José Domingo Pérez Gómez, ha presentado un pedido al Poder Judicial para suspender el cobro de peajes de la concesión Línea Amarilla, que actualmente es gestionada por Lima Expresa SAC. Esta solicitud se enmarca en las investigaciones que rodean a la empresa y su vinculación con la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien enfrenta graves acusaciones de corrupción.

La petición se fundamenta en el artículo 313 del Código Procesal Penal, que permite adoptar medidas preventivas contra personas jurídicas. Además, se propone que la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de EMAPE S.A., asuma el rol de administradora judicial para salvaguardar los bienes relacionados con el contrato de concesión.

El objetivo de esta medida, según el requerimiento fiscal, es detener los beneficios indebidos que Lima Expresa ha obtenido a través de un cobro de peaje elevado, sustentado en acuerdos no transparentes. “Es necesario poner fin a los efectos nocivos de este delito mediante la suspensión temporal del cobro, evitando así el impacto negativo en la población”, se expresa en el documento. 

Si el Poder Judicial acepta la solicitud el próximo 21 de noviembre a las 11:00 horas, se eliminaría el cobro de peajes en las siguientes áreas: Vía de Evitamiento, Monterrico, Separadora Industrial, Santa Anita y Ramiro Prialé, así como en los peajes Estadio, Ejército y Huánuco.

Este pedido se produce en el contexto del proceso judicial que enfrenta Villarán, quien es acusada de liderar una red de corrupción y de recibir aportes ilegales de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para financiar sus campañas electorales. La Fiscalía ha solicitado una condena de 29 años de prisión para la exburgomaestre, mientras que sus excolaboradores podrían enfrentar hasta 20 años tras las rejas.

Según la investigación, Villarán habría negociado con directivos de las empresas constructoras para extender el contrato de concesión de la Línea Amarilla en 2012, lo que resultó en un aumento de las tarifas de peaje en 2013. La procuradora ad hoc, Silvana Carrión, ha señalado que hay pruebas de actos corruptos tanto en la adjudicación como en la ejecución del contrato.

La situación de Villarán ha captado la atención pública, especialmente tras ser vista disfrutando de una lujosa residencia en Lurín, a pesar de las restricciones judiciales que enfrenta. Este contraste entre su situación legal y su estilo de vida ha generado críticas y ha suscitado cuestionamientos sobre la eficacia del proceso judicial en su caso.

Fuente: Diario 'Infobae'