Ministerio Público se retira de mesa de trabajo sobre Ley 32130 y niega infracción

La Fiscalía suspendió su participación en la mesa de trabajo sobre la Ley 32130 hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su constitucionalidad. Rechaza haber incurrido en una infracción constitucional o delito por esta decisión.

El Ministerio Público ha decidido retirarse temporalmente de la mesa de trabajo para la elaboración del "Protocolo de Actuación Interinstitucional de Investigación del Delito" en el marco de la Ley 32130. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, comunicó esta decisión al secretario técnico de la comisión, Hugo Peñares Flores, el 17 de febrero de 2025, en razón de que el Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra dicha norma.

En el documento remitido, la Fiscalía argumenta que su retiro es coherente con la acción legal presentada y subraya que no supone una infracción constitucional, abuso de autoridad ni omisión de funciones. "El Ministerio del Interior no puede obligarnos a protocolizar una norma cuya constitucionalidad está en cuestión y que atenta contra las funciones del Ministerio Público", señaló una fuente fiscal.

Preocupación por falta de preparación policial

Además de su postura legal, la Fiscalía expresó su preocupación por la capacidad operativa de la Policía Nacional para asumir las funciones que la Ley 32130 le otorga. Según la institución, la falta de capacitación y la insuficiencia de recursos logísticos comprometen la implementación efectiva de la norma, afectando la atención de las denuncias y la lucha contra el delito.

Pese a ello, el Ministerio del Interior criticó la decisión del Ministerio Público, asegurando que su retiro responde a "intereses particulares" que afectan la gobernabilidad. Incluso, advirtió que evalúa presentar una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación ante el Congreso por supuesta infracción a la Carta Magna.

Doble discurso del Ministerio del Interior

Desde la Fiscalía han cuestionado la postura del ministro del Interior, José Santiváñez, quien se ha negado a someterse a pruebas periciales en investigaciones en su contra, amparándose en un recurso judicial. No obstante, cuando la Fiscalía opta por esperar el fallo del Tribunal Constitucional antes de acatar la Ley 32130, el Mininter lo califica de desacato.

Para el Ministerio Público, la verdadera intención del Ejecutivo es imponer una norma que recorta sus atribuciones y altera la estructura del sistema penal sin la debida preparación. Por ello, tanto la Fiscalía como el Colegio de Abogados de Lima han presentado una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32130, argumentando que vulnera la autonomía fiscal y los principios de independencia de poderes, razonabilidad y unidad procesal.

Fuente: Diario La República

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